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Una vez terminado el juicio, el órgano responsable del procedimiento dicta sentencia. En ese momento, tendemos o podríamos llegar a pensar que todo ha terminado y que nuestra tarea ha finalizado.
Pero en realidad, aún falta la parte decisiva de todo el recorrido: la ejecución de la sentencia.
A lo largo de este artículo, recogeremos el significado de ejecución de sentencia dentro de las diferentes disciplinas del derecho, así como también intentaremos aclarar los conceptos de ‘sentencia firme’ y todo lo que la envuelve, qué podría suceder en caso de incumplimiento de la misma ejecución de sentencia y de los recursos que contra ésta proceden, así como también podremos observar un par de cuestiones cercanas al caso que podrían ser interesantes para cualquier lector.
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Será considerada ‘firme’, toda aquella sentencia contra la cual no quepa interponer recurso alguno, ya sea porque se ha agotado la vía judicial y no existe la posibilidad de recurrir o porque aun existiendo esa posibilidad, el plazo para ello ha expirado. La misma sentencia deberá recoger por escrito el tipo de recurso susceptible de ser presentado contra ella, especificando el plazo de tiempo del que se dispone para ello.
Las sentencias firmes, son a su vez definitivas.
Una sentencia, podrá recurrirse dentro del plazo de los 20 días que suceden al siguiente del que haya sido notificada, y podrá llevarse a cabo por distintos motivos, entre ellos:
Cuando pueda existir algún tipo de contradicción o sinsentido.
La parte considera que puede haberse llevado a cabo la vulneración de algún precepto legal en la redacción de la sentencia.
En aquellos casos en los que pueda llegar a considerarse que una de las partes ha tenido que lidiar con diferentes inconvenientes durante el proceso que la han privado de la legítima defensa que le corresponde (le han sido denegadas pruebas importantes, por ejemplo).
No se argumenta claramente en la misma cuál ha sido la motivación del fallo.
Útil en aquellos casos en los que se pueda plantear que el juez ha tomado una decisión sacando una conclusión opuesta a las pruebas practicadas.
Sin ir más lejos, significa literalmente llevar a cabo la sentencia que ha sido dictada.
La competencia para ello la tienen los órganos judiciales, y se deberá recurrir a los mismos en aquellos casos en los que el condenado no cumpla voluntariamente con la pena que le haya sido impuesta. Al tratarse de una función jurisdiccional, la responsabilidad recaerá única y de manera directa sobre dichos órganos, los cuales a su vez ostentan la función de juzgar.
En términos generales, siempre contamos con el plazo de diez días para responder y pagar la condena impuesta (pagar en aquellos casos en los que el fallo así lo estipule), pero además, en función de qué jurisdicción sea la competente, podemos encontrar distintas variantes:
En el caso de los procedimientos civiles, la ejecución de sentencia se llevará a cabo, tal y como hemos comentado en párrafos anteriores, cuando el condenado no cumpla de manera voluntaria la pena.
El Tribunal responsable del juicio, no despachará la ejecución de la sentencia hasta que no hayan transcurrido veinte días desde el momento en el que ésta haya sido notificada al condenado, ya que dicho periodo de tiempo se considera necesario y cortés para ofrecer al sujeto en cuestión un margen de tiempo considerable para poder ejecutar la sentencia de forma voluntaria.
Por otro lado, dentro del ámbito penal, participarán también del procedimiento de ejecución los Jueces de Vigilancia Penitenciaria. A su vez, en caso de pena de cárcel, la Administración Penitenciaria también intervendrá.
En el caso de ejecución de una sentencia laboral, este paso será importante, sobre todo cuando nos encontremos en situaciones de posible insolvencia de la empresa demandada, ya que en ese momento será el FOGASA (Fondo de Garantía Salarial) quien asumirá la responsabilidad de hacerse cargo conforme a los porcentajes recogidos en la ley de las cantidades económicas que hayan sido reconocidas judicialmente.
Para llevar a cabo la solicitud de ejecución, el demandante contará con un plazo de cinco años. Pasado el mismo, la opción caducará.
